En el contexto de la crisis económica experimentada por el país a finales de la década de los años 1990, el Gobierno colombiano estableció una serie de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que contemplaban la ejecución de medidas tales como: reforma estructural del sector público; fortalecimiento del sector financiero; reducción del gasto del gobierno central; reforma pensional; protección al libre comercio; extensión del impuesto al valor agregado (IVA); participación del sector privado en servicios de infraestructura; flexibilización laboral; mayores condiciones legales para la inversión extranjera en explotación petrolera y minera y privatización de bancos estatales y empresas públicas del sector energético y de telecomunicaciones.
Estas medidas pueden catalogarse como “neoliberales”, en tanto que
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