El estado de excepción es una medida temporal consignada en la Constitución política de Colombia, a la cual el presidente puede acudir cuando algún hecho amenaza la estabilidad del Estado. En caso de grave perturbación del orden público, el presidente tendrá la facultad de, por ejemplo, restringir la celebración de reuniones y manifestaciones públicas; ordenar la aprehensión preventiva de personas; modificar el presupuesto; aumentar y reducir penas; modificar el procedimiento penal y decretar leyes para atender el problema, las cuales serán evaluadas por la Corte Constitucional.

A partir de la anterior definición, se puede afirmar que durante el estado de excepción en Colombia se alteraría la distribución del poder público, porque

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