Antes de la constitución de 1991, Colombia mantenía un régimen centralizado, en el cual las decisiones políticas surgían desde la capital del país en donde se encontraban los poderes centrales. Sin embargo, a partir de los ochenta se emprendió una política de descentralización por la cual se otorgó:
Recursos económicos a todas las regiones del país con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población.
Beneficios a las regiones más ricas del país con el fin de lograr una situación económica más rentable.
Mayor poder a las autoridades centrales para controlar a los municipios y a las gobernaciones.
Mayor autonomía y participación a las entidades locales para promover su desarrollo.
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